En diez días nos toca votar en España y, como cada vez que llegan unas elecciones, tenemos disponibles un buen puñado de programas electorales a la espera de ser leídos. El programa electoral como formato, sin embargo, cada vez se parece más al texto de términos y condiciones de cualquier software o app: es largo, ocupa mucho espacio y casi nunca nadie lo lee. De hecho, sea porque no se suelen cumplir del todo o porque la gente no es muy de leer, se suele votar sin prestarle mucha atención a estos documentos. Así que, para esta vez, se me ha ocurrido facilitar la lectura de, al menos, la parte que más interesa a este blog/newsletter/whateva. Es decir, todo lo que en los programas tenga que ver con redes sociales, algoritmos, plataformas, inteligencias artificiales, privacidad de los datos, pantallas en la infancia, cultura digital, soberanía tecnológica, etc. Vamos, con todo aquello con lo que llevo más de un año dándoos la turra.
Para ello me bajé los programas completos de diez partidos políticos (PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, Adelante Andalucía, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG) y, con la inestimable ayuda de Claude Code, he elaborado una matriz que cruza 33 temas esenciales desde las orillas del Kiribati con los diez programas. El resultado está alojado en electokiribati.netlify.app, donde se puede tocar cada casilla para ver qué propone ese partido sobre ese tema concreto y en qué página de su programa lo dice, para que puedas consultar la fuente oficial si lo deseas. Este texto que sigue es la otra mitad del trabajo: un pequeño análisis de algunas cosas que me he encontrado indagando en los programas. ¡Allévoy!
Advertencias antes de entrar en la Matrix
La matriz no mide si las propuestas me gustan más o me gustan menos, sino cuánto desarrolla cada programa cada tema. Usando un simple código de colores del verde claro al oscuro, se valora con cero si no aparece ninguna mención al tema, uno si es una mención ligera (de paso), dos si se plantea una medida (sin desarrollar) y tres si hay una medida concreta, con planteamiento, instrumentos y/o plazos. Repito: la matriz no mide si la propuesta me parece buena o mala, solo si existe y la presencia que tiene. En términos de presencia, puramente cuantitativos, sumando los 33 temas, la tabla quedaría así, sobre 99 puntos posibles en presencia kiribatiense: Frente Amplio 75, PSOE 60, Adelante Andalucía 48, BNG 44, ERC 38, EH Bildu 34, PP 27, PNV 15, Vox 11 y Junts 81.
Otros avisos antes de seguir. Lo primero es que hay que tener en cuenta que seis de estos partidos solo se presentan en su territorio, y eso se nota especialmente en el hecho de que muchas de sus medidas para con lo digital son, en realidad, reclamaciones de competencias para su comunidad autónoma. Lo segundo es que, en una matriz de este tipo, hablan tanto las casillas oscuras, las llenas, como los huecos. IMHO, un programa de 80 páginas que no escribe, en 2026, ni una sola vez la palabra «algoritmo» creo que también nos está lanzando un mensaje. ¡Ah! Y luego está el tema de la ausencia de Podemos, que no ha sido un olvido personal. He estado mirando y, salvo error mío, no tienen ni programa para estas elecciones. Solo he encontrado una web que ponía IRENE en una tipografía muy grande y cinco medidas genéricas donde ninguna habla sobre lo digital. Me da que Ione no lee el Kiribati. Una pena2.
El tecnofeudalismo es un CEO colgando y el otro lo mismo
Hace unos meses hablaba por aquí de suscripciones y recurría a Varoufakis, que veía a los dueños de Apple, Amazon o Google como nuevos señores feudales que hace ya un tiempo dejaron de vendernos cosas para empezar a cobrarnos rentas mensuales por dejarnos acceder a sus terrenos digitales. Ningún programa político utiliza la palabra «tecnofeudalismo» como tal (no debe tener muy buen SEO), pero sí tenemos varios programas que dibujan un mapa similar al que planteaba Varoufakis.
El programa del PSOE es posiblemente el más retórico, con un apartado que titulan directamente «Democracia frente a los tecnooligarcas» y donde dejan algunas frases efectistas que podrían escribirse perfectamente en esta newsletter, como que «el poder se concentra en quienes controla los datos, las plataformas y los algoritmos». Frente Amplio tiene un capítulo entero llamado «Poder digital y pluralismo informativo» y es de los pocos que plantea medidas para tocar la estructura: interoperabilidad obligatoria entre plataformas, portabilidad de una red a otra y separación de actividades en las grandes plataformas. Es decir, abrir un poco las vallas del feudo digital.
Entre los partidos territoriales, el diagnóstico también aparece. Adelante Andalucía escribe directamente, criticándolo, que «nuestros datos, nuestros servicios públicos y nuestra conversación pública dependen hoy de unas pocas multinacionales» y plantea una medida que llama «freno al capitalismo de vigilancia», que es Shoshana Zuboff en estado puro. Si sois lectores del Kiribati, ya sabéis que por aquí la hemos citado alguna vez. El BNG usa también esa misma expresión, «capitalismo de vixilancia», y propone gravarlo. EH Bildu mezcla un poco esto con la IA, a la que sitúa «en un contexto de concentración de poder y competencia geopolítica de las grandes empresas tecnológicas», y ERC avisa de que no podemos permitir que lo algorítmico tenga «més poder sobre les nostres vides» que las instituciones que elegimos democráticamente.
Entre los partidos de la derecha, silencio por respuesta en sus programas. La palabra «algoritmo» no aparece ni una vez en el programa del PP ni tampoco se nombra a ninguna gran tecnológica. Lo más parecido a intentar hacer política con lo que pasa en Silicon Valley es prometer una relación con Estados Unidos «que evite una guerra comercial». La única medida tecnológica de Vox relacionada con esto es «sumar a España a la carrera de la Inteligencia Artificial», dentro de su capítulo de «Desregulación». Lo de los señores feudales es una entelequia para la derecha de nuestro espectro político nacional. El escenario digital es visto por ellos como una carrera en la que hay que correr hacia adelante.
Las pantallas no son cosa menor
Como se puede ver en la matriz, no todos los partidos hablan de todos los temas. Pero, si hay uno en el que coinciden, es el de los menores y su relación con las pantallas. Parece que, en el momento actual, defenderlos y protegerlos resulta especialmente rentable en términos electorales. Además, es una postura tan difícil de cuestionar que empieza a convertirse en un lugar común del debate político. Eso sí, cuando se pasa de las declaraciones de intenciones a las propuestas concretas, aparecen diferencias importantes.
Primero, hablan de la edad. El PP plantea que no haya ningún menor de 14 años con cuenta en redes (vamos, lo que dice la legislación actual) y que hasta los 16 se necesite autorización de los padres. Lo adereza con alguna cosa sensata, como plantear límites al scroll infinito o un descanso digital nocturno, pero no especifica cómo se va a verificar la edad (ni quién debe hacerlo). El PSOE sube el listón de la edad a los 16 años y plantea cómo podemos comprobarla sin regalar nuestra identidad a una plataforma, a través de una herramienta pública y anónima en lo que llaman la «cartera digital». Confían, eso sí, en la buena voluntad de las plataformas de redes sociales para moldearse y dicen que la edad de acceso podrá rebajarse «cuando las plataformas demuestren que son seguras por defecto». Cuando se habla del diseño de las plataformas, ahí es Frente Amplio quien hace la lista más completa de prohibiciones para los menores: scroll infinito, reproducción automática, notificaciones, «me gusta», recomendaciones algorítmicas, publicidad dirigida… EH Bildu plantea desactivar por defecto la recomendación por perfiles y ERC habla de obligar a las plataformas a prevenir prácticas «manipuladoras o adictivas».
En febrero, cuando saltó a la palestra el tema de la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años, escribí por aquí que estaba a favor de la medida, pero que se me antojaba muy corta. Tras leer los programas, he confirmado aquella intuición: el debate entre partidos va, sobre todo, de marcar edades de acceso, pero a la hora de plantear medidas que de verdad tocan el negocio, las que van directamente contra los diseños adictivos, veo que esas medidas están sobre todo en programas de los partidos más pequeños o en la letra pequeña pequeñísima de los grandes, con poca precisión. Además, hay poca vinculación entre lo problemático de los diseños adictivos y las cuestiones sociales esenciales que se están viendo afectadas, como, por ejemplo, la educación.
Dos notas al margen. Solo Vox plantea prohibir los móviles en clase, el dispositivo, la herramienta, cargando así el peso sobre la decisión/cuestión individual. Y Adelante Andalucía es el único partido que mira a las pantallas desde el otro lado del aula, desde lo educativo, con una consigna que, sin duda, suena muy Kiribati: «Pedagogía antes que dispositivos», porque «llenar las aulas de pantallas no garantiza que se aprenda más». Firmo debajo.
¿Abrir la caja negra del algoritmo y la IA o correr más rápido?
En «El algoritmo nos quiere enfrentados» terminaba pidiendo transparencia algorítmica real, acceso de investigadores a los datos y auditorías externas reales. Pues bien, sobre esto también hablan varios programas, cada uno a su manera. El PSOE promete una ley de transparencia algorítmica, con auditorías independientes. Frente Amplio profundiza en esa línea y propone que sea el usuario quien pueda elegir el sistema de recomendación, «evitando la sumisión a un algoritmo orientativo único». El BNG inventa el «veto algorítmico», con el que ninguna decisión administrativa o económica crítica se pueda tomar sin una revisión humana profunda y vinculante. Adelante Andalucía pide un registro público de los algoritmos que utilizan las administraciones, con auditoría de su código y de sus datos de entrenamiento si utilizan sistemas de IA.
Si hablamos de inteligencia artificial, el contraste se ve más claro aún. El PP plantea entornos de prueba «sin cargas nacionales añadidas al marco europeo», una agencia supervisora que acompañe a las empresas («no se limitará a vigilarlas», dicen) y una pausa de un año en la nueva normativa europea que quiere poner coto a esto (en realidad, a cualquier norma nueva de la UE). En el otro extremo, el PSOE propone una ley de gobernanza de la IA con etiquetado obligatorio y sanciones de hasta 35 millones, y deja caer la idea de debatir un gravamen a los tokens de IA3.
Posiblemente lo más interesante en relación con la IA sea todo lo que se plantea acerca del trabajo. Adelante Andalucía propone que los despidos sean nulos si las empresas sustituyen tareas por IA sin formar y/o recolocar antes a sus plantillas. Frente Amplio plantea que sean los comités de empresa los que tengan capacidad de veto sobre la utilización de sistemas de IA. El PP ofrece cheques para la formación, y Vox asegura que la IA creará «empleos de calidad». Así, sin más. A simple vista se observa bastante bien dónde ve cada partido el riesgo: en el trabajador que tiene que adaptarse al nuevo contexto o en la empresa que ha tomado la decisión de automatizar.
Y, por último, la cuestión lingüística en relación con la IA. Junts resume toda su política digital en una línea que acaba en «català natiu a IA i plataformes». EH Bildu pide financiación estatal para crear modelos de lenguaje en euskera. El BNG quiere el gallego en los sistemas operativos y en los modelos de IA, e incluso que las plataformas ofrezcan por defecto medios de Portugal y Brasil. Para los partidos soberanistas de regiones con lenguas cooficiales, el riesgo de la IA también es quedarse fuera de ella por sesgo lingüístico. Uno de esos sesgos de los que hablaba cuando me mostraba tan escéptico con el entusiasmo hacia la IA.
Qué verde era mi valle, hasta que llegó tu datacenter
Uno de los campos de batalla de las últimas midterms americanas fueron los centros de datos. Por lo visto, a muchos americanos no les hace demasiada gracia tener cerca de casa edificios que, con la promesa del futuro tech, les drenan el suelo, contaminan sus tierras y meten un ruidazo molestísimo. Por aquí por el Kiribati ya he insistido en eso de que la nube es siempre el ordenador de otro, y parece que algunos partidos empiezan a incorporar esa visión a sus programas, algo que era impensable hace un lustro. Frente Amplio, por ejemplo, propone construir una nube soberana, pública, con Correos como proveedor, y que todos los datos sensibles del Estado se alojen siempre en España. Adelante Andalucía y el BNG también se apuntan a lo de la nube pública y añaden que el software libre debería ser una norma en todas las administraciones del Estado, como ya están haciendo en países como Francia. Adelante Andalucía, además, quizás porque su cabeza visible (ER GAFA) viene del mundo de la educación, aterriza todo esto en la escuela, donde exige y plantea plataformas educativas públicas para que «los datos del alumnado no puedan acabar en manos de grandes tecnológicas». Vamos, en la línea de lo que os conté hace unos meses en «La escuela es la mina».
Curioso es, eso sí, que quienes hablan de soberanía en la nube no hablen de chips, y quienes hablan de chips no entran mucho en lo de la nube. PP y PSOE hablan de forma similar de semiconductores, supercomputación y de convertir a España en una «potencia tecnológica». Las izquierdas a la izquierda del PSOE, tanto nacionales como regionales, quieren software libre y datos públicos, pero creo que ningún partido junta las dos piezas como debería, porque se plantea soberanía digital sin hardware o hardware sin soberanía digital.
Como ven que en los EE. UU. ha sido algo que ha movido muchos votos, casi todos los programas mencionan los centros de datos como infraestructuras necesarias pero conflictivas. El PP dice que hay un problema de conexión eléctrica que hay que anticipar; el PSOE propone usar renovables, reutilizar el calor de los centros de datos y hacer un uso responsable del agua; Frente Amplio los ve como infraestructura estratégica, impone un canon al agua para refrigerar y plantea prohibir ese uso cuando estemos en sequía, así como una «tasa nube» para los municipios que albergan estos data centers. Adelante Andalucía plantea algo similar desde la realidad andaluza, «porque el agua es escasa en Andalucía y no puede ir a refrigerar servidores». Pide una moratoria, un techo de consumo por cuenca y que nunca se utilice agua potable. Un poco en la línea del BNG, que propone auditorías hídricas, límites vinculantes de uso y se opone al sovereignty washing4 de las multinacionales. Para estas dos fuerzas políticas, los centros de datos tienen nombre propio: Campanillas (Málaga) y Curtis (A Coruña). Lo digital, para andaluces y gallegos, deja de ser algo abstracto y se convierte en un conflicto territorial que afecta a sus cuencas y a sus vecinos. Vox, por supuesto, no menciona nada de todo esto.
La libertad de expresión, una pica y otra no
En lo relativo a qué se puede decir en redes y medios y qué no, y quién los controla, los partidos se dan tortas de lo más divertidas. Casi todos sus programas defienden una cosa y luego proponen otra que entra en tensión con la primera. Algo bastante natural, por otro lado: en cuanto planteas que quieres hacer algo con plataformas y medios, tienes que decidir qué se puede decir y qué no, y eso atenta contra las visiones más radicales de la libertad.
Os pongo ejemplos. Vox defiende la libertad de expresión «frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez» y, justo unas páginas antes, propone endurecer las penas por ofensas a España y sus símbolos. El PP denuncia «la censura y la cultura de la cancelación» en el ámbito de lo cultural, y en el mismo programa propone agravar las penas por usar las redes para convocar manifestaciones que puedan llevar a disturbios. El PSOE propone cárcel para los directivos que no retiren contenidos que inciten al odio y un delito nuevo de «amplificación deliberada de contenidos ilegales», pero tampoco se para muy bien a definir qué entiende por odio y quién o cómo lo va a medir.
Más a la izquierda tampoco encontramos demasiada claridad al respecto. Frente Amplio reconoce el derecho a usar un seudónimo digital y pide orden judicial para poder identificar a un usuario, pero en el mismo programa también propone una definición legal de «medio» para dejar sin publicidad institucional a lo que denominan «pseudomedios». De forma bastante similar, Adelante plantea derogar los delitos de opinión y poder quitar la publicidad institucional a los medios «que difundan bulos de forma reiterada». EH Bildu pide acotar el concepto de «discurso de odio» y, en la misma página, impedir la financiación de «prácticas acreditadas de desinformación». Pueden parecer sensatas las tres medidas, pero desde mi punto de vista no se profundiza en la cuestión clave: ¿quién acredita la “verdad”? ¿quién decide qué es un bulo y qué no?5
Es una buena noticia que el discurso se esté desplazando y que ahora nos preocupe más todo este tema relativo a cómo los medios que utilizamos (y sus prácticas de recomendación algorítmica) condicionan en gran medida la verosimilitud de los mensajes y afirmaciones que se vierten. Me parece bien que se ponga el foco en cómo abordar todo esto desde lo público y que se empiece a hablar de los problemas que generan los diseños de las plataformas para la democracia misma. El problema es que las medidas reales, para no pillarse los dedos, están prácticamente sin dibujar en casi todos los programas.
Sin desarrollar mucho, enumero otros tres temas «menores», sueltos, que me han llamado la atención mientras leía los programas:
España, en 2026, no es país para riders. Hace escasos tres años, estos trabajadores fueron una de las banderas digitales del Gobierno, y hoy solo aparecen en el programa de Frente Amplio, que propone una ley rider universal y regular el trabajo en plataformas. El resto, nada. Y esto, como planteaba en «La desconexión digital también es un privilegio de clase», no es cosa menor, aunque parezca que en el contexto actual ha dejado de dar votos. Depender de plataformas para trabajar tendría que estar mucho más regulado y controlado.
Me sorprende que el PNV reclame competencias propias en puertos, cercanías, Seguridad Social y extranjería, y no mencione ni una cuestión digital: ni telecomunicaciones, ni ciberseguridad, ni soberanía sobre los datos. ¿Qué edad media tiene el votante del PNV?
«Permanezca atento a la campaña para conocer esta nueva medida», dice el PP en varios momentos de su programa. Uno de ellos, la medida 167, está justo antes de lo que proponen sobre menores y redes. Política Netflix, drop semanal, por capítulos, buscando el cliffhanger… Nos estamos volviendo locos con lo de generar hype y conversación a cada segundo.

Vota despacio, pero vota
Decía la semana pasada por aquí, hablando de cine, que tenemos mucho más margen para representar las injusticias en la ficción que para intervenir en las relaciones económicas que hay detrás, y algo parecido pasa con los programas electorales, o al menos así lo he sentido mientras los leía. Sale muy barato escribir «tecnooligarcas» o «soberanía digital» sin proponer interoperabilidad obligatoria, sin financiar nubes públicas o sin imponer grandes gravámenes a quienes quieren llenarlo todo de centros de datos para convertirnos en tecnovasallos. Y quizás esas cosas sean las que tenemos que ir exigiendo, más que la palabra biensonante.
Por supuesto, no te voy a decir a quién votar. Vota a quien quieras, pero vota. Confío en tu inteligencia y en tu criterio, que bastante ruido hay ya en estos larguísimos meses de precampaña y campaña que llevamos. Lo que sí te pido es que, antes del 29, te des una vuelta por la matriz si todo esto te preocupa, indagues en un par de casillas de los temas que te importan y compares las propuestas. Y que, si algo no te cuadra, vayas a los archivos PDF, que para eso están enlazados en la web. No te fíes ni de mí, ni del electokiribati, ni de tu sombra tampoco. (In)fórmate para votar en libertad. Piensa que leer despacio, comparar y contrastar también es una forma de resistencia, incluso cuando lo que estás leyendo es un simple programa electoral.
La puntuación es una simple valoración sobre el texto de cada programa, si se habla o no, no un juicio sobre la calidad de las propuestas. Todas las citas literales están contrastadas con los PDF oficiales a fecha 16 de noviembre de 2026. Junts no ha publicado programa completo; se ha analizado su web oficial “Catalunya al centre”.
EDITO. Habemus programa. Esta web registra la primera detección del PDF oficial a las 10:46 del 18 de noviembre, hora peninsular. Este texto lo escribí antes. Me parece bastante penoso que no sean capaces ni de tener el programa listo antes de que empiece la campaña.
La del impuesto al token no me la vi venir, la verdad… ¿sabrán acaso lo que es un token?
Cuando las empresas tecnológicas y de la nube publicitan sus servicios como “soberanos” o “cumplidores con la normativa” (como el RGPD), sin ofrecer una verdadera independencia frente a jurisdicciones extranjeras.
Se filtran imágenes de los fact-checkers que van a contratar...





https://podemos.info/wp-content/uploads/2026/11/29N-programa-Podemos.-Paz-casa-y-trabajo.pdf
Muy interesante el artículo, como siempre. Creo que la derecha, en general, ha renunciado a desarrollar ideas en ámbitos que, aun importantes, no se traducen en votos. Su estrategia pasa por reducir el debate a unos pocos temas y simplificar el mensaje hasta hacerlo reconocible para un electorado agotado y cada vez más desinteresado por la política.
Todo lo que se salga del eje inmigración-impuestos-vivienda no merece atención. El objetivo es repetir machaconamente esos tres asuntos y conectarlos mediante conceptos que llevan años asentándose en los medios y que funcionan por sí solos: paguitas, okupas, inseguridad.
Los programas no son un plan, son una herramienta de marketing.